A la muerte del General Franco, el compromiso social de evolución de su sistema personalista de gobierno, quedó plasmado en el pacto constitucional. En este pacto las, entonces, nuevas generaciones de españoles que no habían vivido la guerra civil saldaban el conflicto, a la vez que desmantelaban el sistema político y de organización del Estado que había presidido los anteriores 40 años.
El pacto significó la implantación no traumática (y por tanto, consensuada entre las “fuerzas políticas”, tanto las legales como las que eran ilegales en el marco jurídico previo) de una monarquía constitucional, basada en la democracia liberal- parlamentaria y con el advenimiento de los partidos políticos. Además, el pacto modificaba la estructura organizativa del Estado, dando paso a las aspiraciones autonomistas de lo que comenzó a conocerse como “autonomías históricas” (esencialmente Cataluña, pero también el País Vasco y, más tarde Galicia).
Es esencial tener presente que el pacto significó un tremendo esfuerzo de generosidad por quienes en aquellos momentos regían las instituciones del régimen y que, aunque hubieron de superarse muchas tensiones, el acuerdo fue posible gracias a la falta de elementos determinantes de conflicto, singularmente la falta de un “estado de desesperación material”, consecuencia del continuo proceso de elevación de los niveles económicos y culturales logrados en el régimen anterior, tanto por el esfuerzo del pueblo español y sus gobernantes, como por lo dilatado del periodo de convivencia en paz. En otras palabras, puede asegurarse que si la situación socio-económica y cultural del pueblo español hubiera sido en 1975/78 similar a la existente en 1936, la ruptura del régimen o, como menos, la confrontación civil violenta, habrían estado aseguradas.
Fruto del pacto de las diversas fuerzas políticas y territoriales, el pueblo español ratificó en referéndum la Constitución de 1978, con la esperanza puesta en la continuidad de una convivencia pacífica, superadora de las diferencias que antaño habían conducido a la confrontación física y al conflicto civil. Y así, entre los cabos sueltos dejados por la Constitución de 1978, han pasado los casi 30 años de su vigencia política.
¿Qué nos encontramos ahora?
Al amparo de la Constitución se ha desarrollado en España una radical descentralización administrativa, pero no solo eso: se ha implantado el Estado de las Autonomías. Su objetivo aparente e inmediato: acercar la gestión de los recursos al ámbito geográfico más próximo al ciudadano. Parece legítimo que los problemas se resuelvan lo más cerca posible de donde se producen. Pero, en paralelo, aparece la perversión del instrumento: una vez creada la estructura administrativa regional, es necesario dotarla de la correspondiente burocracia (parlamento, gobierno, presupuesto, impuestos, etc…).
Asentada la burocracia en la nueva estructura de poder, es necesario justificar su necesidad y aún ampliarla: aparece la búsqueda, a toda costa, del hecho diferencial. Esta justificación se realiza a menudo a costa de negar España o de subrayar hasta la ridiculez el matiz diferenciador. Pero es necesario más: para que el invento siga rodando y no se pare, es preciso, en esa huída hacia adelante que significan las autonomías, conformar el pensamiento de las nuevas generaciones. Para ello no importa inventarse la historia (especialmente lo relativo a la opresión española), una nueva lengua, una superioridad étnica, etc.
Y mientras tanto, ¿qué pasa con España? En este big bang autonómico, al final quedará como cierta la afirmación de que español es aquel que no puede ser otra cosa, así que ¡gay (pronúnciese guey) el último! ¿Cómo va a ser menos Andalucía, Extremadura, o las Castillas que Cataluña o el País Vasco? Nada, nada, vamos a poner blanco sobre negro las reglas ortográficas y fonéticas del andalú. ¿Bastará con 100 millones de euros? Bueno, pues que nos paguen la deuda histórica y a otra cosa, quillo.
