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Escenas de la historia

De como Navarra ya dijo NO en 1932 al Estatuto de fusión con el País Vasco

(Acta de la asamblea celebrada por los ayuntamientos vasco-navarros el 19 de Julio de 1932 para la discusión y aprobación del Estatuto)

Bájala de esta dirección:

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Como siempre, pincha en el enlace y sigue las instrucciones picando en "free" y luego inserta la clave que se genera en la casilla "here". Finalmente, pulsa en "download from ..." y lo guardas en tu ordenador

Sobre el terrorismo separatista

La característica esencial del terrorismo histórico, existente desde hace décadas en España, es su origen separatista. En ese sentido, solo veo diferencias formales entre los que patean el árbol y los que recogen las nueces.

Ambas filosofías pertenecen a la misma realidad poliédrica que, a veces, toma la faceta pseudo democrática para obtener el poder y desde él secretar hacia la sociedad los penetrantes fluidos separatistas: odio a España, potenciación del hecho diferencial hasta convertirlo en el eje y el centro de la existencia, desprecio de lo que se considera ajeno, superioridad de lo propio, invención de una historia, una lengua, una fonética y hasta un alfabeto con grafía propia, afán expansionista (imperialista)…

A la lumbre de las ideas separatistas y de su política del día a día, se engendra, crece y realimenta el terrorismo de la muerte, la coacción, el amedrentamiento, la bomba y, lo que es tanto o, si cabe, más grave: la autocensura del ciudadano que termina por no expresar libremente ni sus ideas, ni sus emociones. Se vuelve cobarde, renuncia a su libertad y, poco a poco, termina asumiendo los postulados de sus torturadores como único salvoconducto para una vida sin problemas.

Creo que el terrorismo debe ser combatido por todos los medios que nos proporcione la legalidad en cada momento. Sin un solo paso atrás y permaneciendo vigilantes a la más mínima transgresión de las leyes por parte de quienes lo amparan, lo justifican o se benefician de su existencia.

Un poco de historia reciente

A la muerte del General Franco, el compromiso social de evolución de su sistema personalista de gobierno, quedó plasmado en el pacto constitucional. En este pacto las, entonces, nuevas generaciones de españoles que no habían vivido la guerra civil saldaban el conflicto, a la vez que desmantelaban el sistema político y de organización del Estado que había presidido los anteriores 40 años.

El pacto significó la implantación no traumática (y por tanto, consensuada entre las “fuerzas políticas”, tanto las legales como las que eran ilegales en el marco jurídico previo) de una monarquía constitucional, basada en la democracia liberal- parlamentaria y con el advenimiento de los partidos políticos. Además, el pacto modificaba la estructura organizativa del Estado, dando paso a las aspiraciones autonomistas de lo que comenzó a conocerse como “autonomías históricas” (esencialmente Cataluña, pero también el País Vasco y, más tarde Galicia).

Es esencial tener presente que el pacto significó un tremendo esfuerzo de generosidad por quienes en aquellos momentos regían las instituciones del régimen y que, aunque hubieron de superarse muchas tensiones, el acuerdo fue posible gracias a la falta de elementos determinantes de conflicto, singularmente la falta de un “estado de desesperación material”, consecuencia del continuo proceso de elevación de los niveles económicos y culturales logrados en el régimen anterior, tanto por el esfuerzo del pueblo español y sus gobernantes, como por lo dilatado del periodo de convivencia en paz. En otras palabras, puede asegurarse que si la situación socio-económica y cultural del pueblo español hubiera sido en 1975/78 similar a la existente en 1936, la ruptura del régimen o, como menos, la confrontación civil violenta, habrían estado aseguradas.

Fruto del pacto de las diversas fuerzas políticas y territoriales, el pueblo español ratificó en referéndum la Constitución de 1978, con la esperanza puesta en la continuidad de una convivencia pacífica, superadora de las diferencias que antaño habían conducido a la confrontación física y al conflicto civil. Y así, entre los cabos sueltos dejados por la Constitución de 1978, han pasado los casi 30 años de su vigencia política.

¿Qué nos encontramos ahora?

Al amparo de la Constitución se ha desarrollado en España una radical descentralización administrativa, pero no solo eso: se ha implantado el Estado de las Autonomías. Su objetivo aparente e inmediato: acercar la gestión de los recursos al ámbito geográfico más próximo al ciudadano. Parece legítimo que los problemas se resuelvan lo más cerca posible de donde se producen. Pero, en paralelo, aparece la perversión del instrumento: una vez creada la estructura administrativa regional, es necesario dotarla de la correspondiente burocracia (parlamento, gobierno, presupuesto, impuestos, etc…).

Asentada la burocracia en la nueva estructura de poder, es necesario justificar su necesidad y aún ampliarla: aparece la búsqueda, a toda costa, del hecho diferencial. Esta justificación se realiza a menudo a costa de negar España o de subrayar hasta la ridiculez el matiz diferenciador. Pero es necesario más: para que el invento siga rodando y no se pare, es preciso, en esa huída hacia adelante que significan las autonomías, conformar el pensamiento de las nuevas generaciones. Para ello no importa inventarse la historia (especialmente lo relativo a la opresión española), una nueva lengua, una superioridad étnica, etc.

Y mientras tanto, ¿qué pasa con España? En este big bang autonómico, al final quedará como cierta la afirmación de que español es aquel que no puede ser otra cosa, así que ¡gay (pronúnciese guey) el último! ¿Cómo va a ser menos Andalucía, Extremadura, o las Castillas que Cataluña o el País Vasco? Nada, nada, vamos a poner blanco sobre negro las reglas ortográficas y fonéticas del andalú. ¿Bastará con 100 millones de euros? Bueno, pues que nos paguen la deuda histórica y a otra cosa, quillo.

Reflexión sobre los partidos políticos

Los partidos políticos son intrínsecamente antidemocráticos. Internamente, las listas electorales se elaboran a dedo por quien manda en ese momento, buscando no a los más capaces sino a los más dóciles. Hacia el exterior, las listas cerradas, representan un trágala para los votantes, obligados a votar a siglas en vez de a personas.

La práctica política de formulación de pactos postelectorales, algunos de ellos contranatura, muestra el poco respeto que a los partidos políticos les merece la voluntad popular expresada en las urnas. El voto del ciudadano, tan preciado antes de la elección queda, con el chalaneo y el pacto, totalmente distorsionado en función de una cuota en el reparto del poder.

Los partidos políticos mayoritarios carecen de ideología, o si la tienen, está constituida por un conjunto de “soluciones” intercambiables, válidas tanto para ejercer la política desde una posición denominada de derechas como desde una de izquierdas. Aunque se nos presenten como alternativas una de otra, el mismo materialismo ateo y hedonista, impregna las opciones políticas mayoritarias. Desde ambos bandos, se enaltece el centro, auténtico coladero de todo tipo de barbaridades, plataforma logística de la transigencia permanente y afirmación constante de la negación de la capacidad de entender la vida con una ideología propia.

La inexistente mística de los partidos políticos se justifica y se soporta en la defensa de unos intereses económicos o en la subversión aparente de esos mismos intereses económicos particulares o privilegios de clase. Ni una sola referencia a la integridad y dignidad del ser humano o a valores transcendentes al puro materialismo imperante por doquier. La existencia del ser humano se ha quedado así reducida a un inmenso y tibio establo de engorde y placer permanente, en el que todo es lícito, menos cuestionarse el sentido de la propia existencia y de la organización social.

Los partidos políticos solo viven el corto plazo (la legislatura actual o, como mucho, el inicio de la próxima), por eso no tienen ningún reparo en hipotecar valores permanentes como la Patria. En esta permanente huída hacia adelante, el entramado de popa de todos los partidos parece llevar inscrito el lema “El que venga detrás que arree”.

Los partidos políticos se sostienen con subvenciones estatales, es decir, con el dinero de todos, incluyendo el de los que no creemos en su necesidad ni en su aportación positiva al desarrollo social. Las cuotas de los militantes son prácticamente inexistentes y dejan paso a otros mecanismos de financiación “estandarizados” como la corrupción urbanística, de la que tan abundantes muestras encontramos por doquier.

Al calor del poder y del dinero fácil que tan generosamente otorga la participación en la política, no puede resistirse el político profesional, que defiende lo que le echen con tal de que no le echen. Así nos encontramos en la cúspide de los partidos con gentes sin formación, estudios, ni preparación, que no durarían ni un día de botones en una empresa privada y que no han hecho otra cosa en su vida que vivir de la política, porque no saben, ni están capacitado para hacer otra cosa. Estas gentes, pueden llegar a ser Secretario General de un partido, Ministro de Industria (sin haber visto una fábrica en su vida) o Presidente de una Comunidad Autónoma, sin aportar más méritos que su incondicionalidad hacia quien les nombra.